La Pensión Garantizada Universal (PGU), uno de los pilares del sistema previsional chileno, se financia completamente con recursos fiscales, es decir, con los impuestos que recauda el Estado y no con los ahorros previsionales individuales de los trabajadores.
A diferencia de las pensiones obtenidas a través de las AFP, la PGU no utiliza fondos provenientes de las cotizaciones, sino que proviene directamente del presupuesto nacional, el cual es administrado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS).
📊 ¿De dónde vienen los recursos?
El Estado obtiene el dinero para financiar este beneficio principalmente de:
- Impuestos generales como el IVA, impuesto a la renta, tributos a empresas y combustibles.
- Aportes del Tesoro Público, incluidos dentro del presupuesto anual del país.
- En algunos casos, ajustes fiscales o reformas tributarias que buscan aumentar la recaudación para fortalecer programas sociales como la PGU.
🧮 Magnitud del gasto
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, la PGU representa un costo fiscal de alrededor de 0,95 % del PIB en régimen.
Para el presupuesto 2025, el gasto total en pensiones solidarias —que incluye la PGU, la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario— se proyecta en aproximadamente 2,4 % del PIB.
Solo en 2023, el gasto en PGU alcanzó los $5,4 billones de pesos chilenos, de acuerdo con cifras de Ciedess.
🔄 Del Pilar Solidario a la PGU
La PGU reemplazó al antiguo Pilar Solidario (que incluía la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario) como parte de una reforma para ampliar la cobertura y mejorar los montos recibidos por los adultos mayores.
El financiamiento se estructuró en base a tres fuentes principales:
- Eliminación o modificación de exenciones tributarias (~0,35 % del PIB).
- Reducción del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (~0,1 % del PIB).
- Recursos del presupuesto y del programa financiero del Estado (~0,5 % del PIB).
🧩 En resumen
La PGU es un beneficio estatal financiado por todos los contribuyentes, mediante los impuestos generales y el presupuesto nacional. Su objetivo es garantizar una pensión base digna para quienes no logran autofinanciar una jubilación suficiente a través del sistema contributivo.
